EN PARTIDA DOBLE
Alejandro Mares Berrones
Omar García Harfuch señala a la delincuencia como fuente de corrupción; mi paisano Macedonio Tamez Guajardo, diez años antes, advertía que las bandas criminales avanzaban protegidas por policías, fiscales, jueces y una clase política miserable. Dos reflexiones que obligan a mirar más allá de los sicarios y preguntar quiénes les abren las puertas desde las instituciones.
Hay declaraciones que, por su importancia, merecen algo más que una reproducción periodística. Obligan a reflexionar, contrastar y, sobre todo, preguntar.
El pasado 31 de octubre, en Campeche, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó la graduación de 166 elementos especializados de la Secretaría de Marina y de la propia SSPC, entre ellos 14 integrantes de la Unidad Nacional de Operaciones.
Durante la ceremonia, dirigió un mensaje a los graduados en el que afirmó que la delincuencia organizada “corrompe, hace daño y trae mal a nuestro país”, y los exhortó a neutralizar esas amenazas, servir a México y proteger a la población.
La capacitación incluyó técnicas de paracaidismo, tiro de combate, rappel y operaciones especiales en áreas urbanas. Sin duda, se trata de una preparación importante para fortalecer la capacidad operativa del Estado mexicano frente a organizaciones criminales cada vez más violentas; “más Murciélagos, para combatir a los Cárteles”.
Sin embargo, la pregunta que no podemos pasar por alto: ¿el crimen organizado corrompe por sí solo o encuentra en las instituciones públicas a los cómplices que necesita para expandir su poder corruptor?, usted que opina querido y caro lector.
Porque una cosa es combatir a quienes empuñan las armas y otra, mucho más compleja, desmantelar las redes de protección política, policiaca, ministerial y judicial que permiten a las organizaciones criminales operar, crecer y permanecer impunes; Macedonio Tamez, así lo cuenta en sus memorias de político y de policía.
Y aquí es donde adquiere particular relevancia una reflexión que mi paisano tamaulipeco que escribió hace una década.
En abril de 2016, tuve la oportunidad de recibir de manos de Macedonio Tamez Guajardo un ejemplar de su libro “Política y Corrupción”, publicado por Editorial Planeta. En la página 37 encontré una reflexión que, diez años después, conserva una vigencia inquietante:
“Con preocupación me daba cuenta de que el país iba quedando progresivamente en manos de las bandas del crimen organizado, protegidas por una corrupta red de policías, fiscales y jueces y por una miserable clase política”.
No se trata de una frase pronunciada por alguien ajeno a las instituciones de seguridad. Tamez Guajardo, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue presidente municipal de Zapopan, diputado federal, director de Seguridad Pública de Guadalajara y coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco. Es decir, conoció desde entrañas las estructuras del poder y las dificultades para enfrentar la inseguridad.
DOS DIAGNÓSTICOS, UNA MISMA ENFERMEDAD
Lo interesante de contrastar ambas declaraciones es que Harfuch habla de la capacidad corruptora del crimen organizado, mientras que Macedonio Tamez pone el acento en quienes permiten que esa corrupción penetre y se instale en las instituciones. Aquí encuentro una diferencia fundamental.
El crimen organizado no se sostiene exclusivamente por su capacidad de fuego, por sus sicarios, sus laboratorios, sus rutas de trasiego o sus territorios disputados. Su verdadero poder también descansa en las complicidades que consigue construir dentro del Estado.
La DEFENSA, la GUARDIA NACIONAL y la SSPC, el pasado 29 de octubre realizaron un operativo en Matamoros, Tamaulipas, donde muy mondos lirondos presumieron la captura de un objetivo prioritario; pero este fue un fracaso, porque corrió sangre inocente; murieron 6 personas de la sociedad civil, entre ellas una niña de 7 años, que fue asesinada presuntamente desde un helicóptero artillado de las fuerzas policiales que le dispararon al vehículo en el que viajaba, junto con su madre y otros niños.
A la niña le pegaron un tiro en su cabecita y además un bebé se debate entre la vida y la muerte en Monterrey Nuevo León, su madre y sus abuelos murieron al chocar contra un vehículo que incendiaron los delincuentes para bloquear la carretera a Reynosa, donde esta familia se impactó y perdieron la vida. Ese fue el precio de ese operativo, una verdadera carnicería de inocentes.
El gobernador del estado de Tamaulipas, sacó un desplegado, donde prometió una investigación transparente y el esclarecimiento de los hechos; al mandatario Américo Villarreal, asumió en ese escrito, prácticamente una responsabilidad que a él no le corresponde; porque fue un operativo federal.
La responsabilidad real es de las fuerzas federales, quienes deben al menos dar las condolencias a las familias de las víctimas y prometer justicia y no lavarse las manos aventándole la “papa caliente” al gobierno estatal. Primero salió la Marina, diciendo que ellos no trajeron helicópteros en ese operativo; y ahora el estado de Tamaulipas, dice que hubo un helicóptero de la Guardia Estatal. Estas versiones no cuadran y todo apunta, a que será el gobernador quien enfrentará esta lamentable actuación de las fuerzas federales; no es justo que Américo cargue con la responsabilidad de la DEFENSA, de la Guardia Nacional y de la propio García Harfuch.
Volvamos al análisis, sobre lo dicho por Harfuch y Macedonio: Un grupo criminal puede tener cientos o miles de hombres armados, pero necesita mucho más que fusiles para consolidar un imperio delictivo: requiere policías que le proporcionen información, agentes ministeriales que desvíen investigaciones, fiscales que congelen expedientes, jueces que dicten resoluciones favorables y funcionarios que faciliten contratos, permisos, protección o impunidad. Y necesitan, particularmente, políticos que desde posiciones de poder les garanticen protección institucional.
No todos los policías, fiscales, jueces o políticos son corruptos, por supuesto. Hay servidores públicos honestos que arriesgan su vida y cumplen con su responsabilidad. Pero sería igualmente irresponsable negar que las redes de corrupción institucional constituyen uno de los principales factores que permiten la permanencia y expansión de las organizaciones criminales.
La delincuencia organizada no solamente compra voluntades: también amenaza, extorsiona, infiltra y somete. En ocasiones, la corrupción es producto de una negociación económica; en otras, de la intimidación. En ambos casos, el resultado es el mismo: el debilitamiento del Estado Mexicano.
LOS PADRINOS DE LA DELINCUENCIA
Hay una dimensión del problema que merece especial atención: los llamados padrinos políticos y económicos del crimen organizado.
Mientras las autoridades concentran sus operativos en detener sicarios, decomisar armas y desarticular células delictivas, las investigaciones sobre las estructuras financieras, las redes de protección y los funcionarios que pudieran estar involucrados deben recibir la misma prioridad.
Porque resulta contradictorio presumir la captura de integrantes de una organización criminal cuando sus principales protectores permanecen intocables.
¿Quién les avisa de los operativos?, ¿quién les facilita información confidencial?, ¿quién permite que sus negocios ilícitos se disfracen de actividades legales?, ¿quién les garantiza que una investigación no avance?, ¿quién les proporciona protección desde las estructuras gubernamentales?.
Estas preguntas no representan acusaciones contra personas determinadas. Son interrogantes periodísticas que las instituciones responsables de investigar deben responder con pruebas, expedientes y resultados.
La experiencia mexicana demuestra que la infiltración criminal en las instituciones no puede enfrentarse únicamente con fuerza militar o policial. Se necesita inteligencia financiera, investigación patrimonial, controles internos, fiscalías independientes y mecanismos eficaces para sancionar a los servidores públicos que traicionen su responsabilidad.
No sería justo descalificar el esfuerzo de García Harfuch por profesionalizar y capacitar a los cuerpos de seguridad; pero tampoco le podemos aplaudir un operativo como el de Matamoros, donde corrió sangre inocente.
EN CONTRAPARTIDA, la preparación táctica debe ir acompañada de una estrategia mucho más profunda. De nada sirve contar con elementos de élite capaces de ejecutar operaciones especiales si las instituciones a las que pertenecen no están blindadas contra la corrupción.
García Harfuch, presumió la captura de un objetivo prioritario; pero no fue capaz de reconocer que sus fuerzas especiales fracasaron en la protección a la población civil y hoy Matamoros está de luto.
La fuerza pública puede neutralizar a un grupo armado, pero difícilmente podrá terminar con una organización criminal si no consigue identificar y desmantelar las redes que la protegen desde el interior del propio aparato gubernamental.
En ese sentido, la declaración de Harfuch tiene una verdad inobjetable, pero también una insuficiencia: identifica al crimen organizado como agente de corrupción, aunque deja abierta una discusión fundamental sobre la responsabilidad de quienes, desde el poder público, aceptan convertirse en sus aliados. La advertencia de Macedonio Tamez, escrita en 2016, completa precisamente esa reflexión.
DIEZ AÑOS DESPUÉS, LA ADVERTENCIA SIGUE VIGENTE
Hay algo particularmente significativo en este contraste: mientras Macedonio Tamez advertía hace una década que México estaba quedando progresivamente en manos de bandas criminales protegidas por policías, fiscales, jueces y políticos, hoy seguimos discutiendo cómo recuperar territorios, instituciones y espacios públicos que han sido vulnerados por la delincuencia.
Su diagnóstico no pierde actualidad porque apunta a la raíz de un problema que trasciende los cambios de gobierno y los discursos oficiales.
El desafío para la administración de Claudia Sheinbaum y para el propio García Harfuch no consiste solamente en demostrar cuántos delincuentes son detenidos, cuántas armas se decomisan o cuántos elementos reciben capacitación especializada o la baja de los homicidios dolosos.
También consiste en demostrar cuántos funcionarios corruptos son investigados, cuántas redes de protección son desmanteladas y cuántos recursos económicos provenientes de actividades ilícitas son recuperados. La sociedad mexicana necesita resultados en ambos frentes.
Porque si se combate al sicario, pero se protege al funcionario que lo encubre; si se persigue al operador criminal, pero se tolera al político que lo protege; si se detiene al distribuidor de drogas, pero se deja intacta la estructura financiera que sostiene el negocio, entonces estaremos combatiendo las consecuencias y no las causas.
P. D. Y termino con una reflexión que surge de la lectura de aquel libro que Macedonio Tamez me obsequió en abril de 2016:
El crimen organizado corrompe, sí, como afirma García Harfuch. Pero también hay quienes, desde el poder, se dejan corromper, venden la justicia, traicionan la confianza ciudadana y terminan convirtiéndose en los verdaderos padrinos de la delincuencia.
A los primeros hay que perseguirlos con toda la fuerza de la ley. A los segundos, también. Porque el mayor peligro para México no es solamente que el crimen organizado pretenda controlar al Estado, sino que encuentre dentro del propio Estado a quienes estén dispuestos a entregárselo.
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