EN PARTIDA DOBLE
Alejandro Mares Berrones
CRISIS ELECTORAL: EL INE BAJO SOSPECHA Y EL IETAM ANTE EL ESCRUTINIO PÚBLICO
La democracia mexicana enfrenta una prueba de credibilidad. Las revelaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos públicos locales electorales (Oples) han puesto bajo sospecha los procedimientos de contratación, el manejo de recursos públicos y los posibles conflictos de interés.
No basta con que las instituciones nieguen favoritismos. Es necesario revisar los contratos, comprobar que existió competencia real y determinar si hubo simulación de licitaciones, sobreprecios o beneficios indebidos. Si aparecen elementos suficientes, las autoridades deben actuar y deslindar responsabilidades.
En Sonora, las empresas de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas habrían obtenido seis contratos por 156 millones de pesos. El caso provocó exigencias de renuncia contra Nery Ruiz Arvizu, presidente del Instituto Estatal Electoral de aquella entidad.
Pero en Tamaulipas el panorama es distinto: hasta ahora, el silencio de los legisladores de oposición contrasta con la exigencia de explicaciones que amerita el caso del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), presidido por Juan José Ramos Charre.
El propio Ramos Charre reconoció que el organismo contrató a Cajas Graf para suministrar materiales electorales durante los procesos de 2021 y 2022. Según la información difundida, esa empresa recibió contratos por 31 millones 808 mil 302 pesos. Además, Gráficos Corona y Cajas Graf habrían obtenido, en conjunto, contratos por casi 100 millones de pesos, algunos mediante adjudicación directa.
Las cifras obligan a preguntar: ¿cómo se asignaron esos contratos?, ¿cuántos proveedores participaron?, ¿los precios fueron competitivos?, ¿se verificó la capacidad de las empresas y la entrega de los materiales? y, sobre todo, ¿existieron condiciones que favorecieran indebidamente a determinados participantes?.
Ramos Charre ha defendido la legalidad de los procedimientos y rechazado que exista favoritismo. Sin embargo, sus declaraciones no sustituyen la revisión de los expedientes. La transparencia no consiste únicamente en afirmar que todo se hizo conforme a la ley, sino en demostrarlo con documentos.
El presidente del IETAM también debe explicar sus decisiones y el uso de los recursos públicos bajo su responsabilidad. Su permanencia al frente del organismo, sus antecedentes políticos y las críticas a su actuación hacen todavía más necesaria una revisión independiente, sin convertir las sospechas en condenas anticipadas.
Por ello, la Auditoría Superior del Estado, el Congreso de Tamaulipas y las demás autoridades competentes deben examinar las convocatorias, las propuestas recibidas, los dictámenes técnicos, los fallos, los contratos y las constancias de entrega. También corresponde verificar si existen posibles conflictos de interés, proveedores relacionados o indicios de competencia simulada.
La cuestión adquiere mayor relevancia ante el señalamiento de que Ramos Charre manifestó desconocer si existen mecanismos legales para impedir que empresas investigadas por presuntas irregularidades participen en nuevas contrataciones. La respuesta exige una revisión jurídica de las normas aplicables y de las atribuciones de las autoridades responsables de determinar posibles inhabilitaciones.
Desde el ángulo electoral, el problema es delicado. Los institutos necesitan materiales para instalar casillas, distribuir documentación y garantizar el desarrollo de los comicios. Pero el elevado costo de organizar elecciones no justifica opacidad ni decisiones discrecionales. Cada peso del presupuesto debe ejercerse con legalidad, eficiencia y rendición de cuentas.
En el terreno político, este escándalo puede alimentar la desconfianza ciudadana y convertirse en munición para los partidos que cuestionan a las autoridades electorales. Si los organismos encargados de garantizar elecciones limpias no aclaran cómo gastan el dinero público, su credibilidad queda comprometida antes de que se abran las urnas.
En el ámbito legal, deben distinguirse tres posibles niveles de responsabilidad: el administrativo, por incumplimientos en las contrataciones; el relacionado con la competencia entre proveedores, si se acredita una simulación; y el penal, únicamente cuando existan elementos que permitan acreditar delitos y la probable responsabilidad de personas determinadas.
La Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República deberán intervenir dentro de sus respectivas atribuciones cuando existan elementos que justifiquen su actuación. Lo mismo corresponde a las autoridades estatales en el ámbito de su competencia.
La exigencia es clara: contratos abiertos, auditorías independientes y resultados públicos. Ni las declaraciones de los funcionarios los exoneran ni las acusaciones constituyen por sí mismas una sentencia. Lo que debe prevalecer son las pruebas.
El INE y el IETAM tienen la obligación de despejar las dudas. Y si las investigaciones acreditan irregularidades, deben aplicarse las sanciones correspondientes, sin importar nombres, cargos o filiaciones políticas.
P. D. Ramos Charre tiene la palabra, pero la última no debe tenerla él: deben tenerla los documentos, las auditorías y, si corresponde, la justicia. Antes de que termine su gestión, es indispensable que rinda cuentas; porque se habla de que existen indicios de lavado de dinero en las operaciones del INE que presidió Guadalupe Taddei y de los Oples.
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