EN PARTIDA DOBLE
Por lo pronto, ya las senadoras Olga Sosa y Maki Ortiz, aprovecharon la aprobación en el Senado de esta ley, para “agarrarse del chongo”
Alejandro Mares Berrones
Ahora resulta que no solamente hay que cuidarse de lo que se dice del poder; también habrá que poner atención a las imágenes que se utilizan para burlarse de él; en lugar de ir hacia adelante en materia de Libertad de Expresión, vamos para atrás y cada vez nuestro oficio de periodista es más vulnerable.
La llamada “Ley Antimemes”, que en realidad es una “Ley Bozal”, abrió un debate que va mucho más allá del humor en redes sociales: pone sobre la mesa los límites de la libertad de expresión frente a las nuevas facultades del Estado para sancionar determinadas conductas relacionadas con la propiedad intelectual y derechos de autor.
El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que las reformas buscan combatir la piratería, proteger los derechos de autor y evitar la suplantación de identidad institucional. Argumentos legítimos, sin duda. Nadie puede defender que se utilicen logotipos oficiales para estafar ciudadanos o hacerse pasar por una autoridad.
Pero una cosa es perseguir el fraude y otra muy distinta generar incertidumbre sobre la crítica política. Porque no es lo mismo falsificar una página gubernamental para robar datos que utilizar el logotipo de una dependencia para exhibir sus corruptelas o ineficiencia.
Tampoco es lo mismo comercializar ilegalmente una obra que utilizar una fotografía para construir una caricatura sobre un funcionario. Ahí está el meollo del asunto, el truco, la trampa, la maña, del nuevo régimen político.
La reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contempla, en su artículo 403 Bis, sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil UMA para determinadas conductas relacionadas con el uso de elementos oficiales a escala comercial y con intención de engañar para cometer un ilícito.
El problema no es solamente la sanción, sino la precisión con la que deben definirse y aplicarse sus alcances.
A esto se suma la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales y proveedores de internet. ¿Qué harán estas empresas ante el riesgo de recibir sanciones?, ¿preferirán analizar jurídicamente cada publicación o retirar contenidos cuestionados para evitarse denuncias o demandas?.
La segunda opción puede convertirse en una peligrosa fábrica de autocensura.
Y cuidado: la Constitución General no establece que la libertad de expresión dependa de la autorización del gobierno. Los artículos 6 y 7 protegen el derecho a expresar y difundir ideas, mientras que el artículo 1 obliga a todas las autoridades a respetar los derechos humanos.
La sátira, la caricatura y el meme también son formas de expresión política. Sirven para cuestionar, denunciar y exhibir las contradicciones de quienes gobiernan. Los mexicanos hasta nos burlamos de la muerte, es parte de nuestra cultura.
EN CONTRAPARTIDA, ¿acaso los presidentes, gobernadores y alcaldes pretenden gobernar sin que nadie se burle de ellos?.
El poder público debe entender que no tiene derecho a una imagen intocable. Quien ocupa un cargo público está sujeto al escrutinio ciudadano, incluso cuando la crítica viene acompañada de ironía, sarcasmo o una caricatura que no le favorece.
Hay, además, una contradicción que merece atención: mientras se habla de fortalecer la democracia y garantizar el derecho a la información, se aprueban mecanismos que pueden incentivar a las plataformas a retirar publicaciones ante el temor de enfrentar responsabilidades.
No hace falta prohibir expresamente los memes para desalentar su publicación. Basta con sembrar dudas sobre las consecuencias legales de compartirlos. Y eso es precisamente lo que debe evitar una legislación democrática; por eso digo que a todas luces es una “Ley Bozal”, porque viene envuelta como regalo navideño y jiribilla legaloide.
Que quede claro: combatir la piratería no significa combatir la crítica; proteger los derechos de autor no significa proteger a los gobernantes de la burla; y sancionar el fraude no debe convertirse en una puerta para intimidar a quienes cuestionan al poder.
Al 5 de noviembre, las reformas habían sido aprobadas por ambas cámaras y remitidas al Ejecutivo, pero su publicación y entrada en vigor debían verificarse conforme al procedimiento legal. Tampoco se reformó la Constitución. Por tanto, no estamos frente a una prohibición constitucional de los memes, sino ante una legislación secundaria cuyos alcances merecen escrutinio.
P. D. Una cosa es proteger la propiedad intelectual y otra pretender que la imagen del poder público sea intocable. Los gobernantes tienen derecho a defender sus derechos, pero los ciudadanos también tienen derecho a exhibir sus contradicciones.
Porque cuando la crítica comienza a generar miedo, la democracia pierde espacio. Y si algo no debería necesitar protección especial en México es el ego de quienes gobiernan. ¡La crítica no se legisla para silenciarla, se garantiza para ejercerla!.
De pilón: Las que ya se agarraron del chongo por estas reformas, son las senadoras Olga Sosa de Morena y Maki Ortiz del Verde, ambas figuras políticas son de Tamaulipas. Las damas quieren ser gobernadoras de esta entidad y ya empezaron a acusarse mutuamente de golpeteo político.
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