En Matamoros, ENGIE representa muerte
Alejandro Mares Berrones
Las explosiones provocadas por fugas de gas natural de la empresa francesa ENGIE, a través de su filial Tamauligas, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, representan un alarmante recordatorio de cómo la negligencia corporativa puede arrebatar vidas en la total impunidad.
Este caso no es un hecho aislado de accidentes domésticos; es el reflejo de una falla estructural donde convergen la falta de mantenimiento técnico, la simulación regulatoria y una dolorosa ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.
A raíz de otra fuga que se dio el pasado 30 de septiembre en el Kinder “Happy Children”, ubicado en la calle Matamoros y Segunda, de la zona centro, se revive la historia de esta empresa llamada ENGIE, que mantiene a Matamoros en una “bomba de tiempo”, ya que por todas sus calles y banquetas (subsuelo) se encuentran sus tuberías de gas natural que ya han cobrado vidas, como los hechos mortales del 26 de enero de 2022, en el SEVEN de calle Primera y John F. Kennedy, donde falleció el dependiente de esa tienda de conveniencia, Jair Alexis Acatecatl Mendoza (21 años) y el cliente José Hernández Arvizo, también una persona joven, trabajador de un pequeño restaurante de nombre “El Infiernillo”, que a consecuencia del fallecimiento de su empleado, cerró las puertas a sus clientes.
Jair y José fallecieron por las graves quemaduras que sufrieron tras le explosión del inmueble; otro de los casos es el de Thalía Martínez (26 años), ella es una sobreviviente de una devastadora explosión ocurrida en su departamento, ubicado en la calle Ricardo Salazar Ceballos, entre calle del Sauto y callejón del Sauto, número 108, de la colonia Buena Vista. Los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2023.
En ese lugar la joven rentaba, y ahora según la versión de sus vecinos se fue a vivir a la ciudad de Valle Hermoso; ese sitio quedó destrozado y abandonado, solo una manta cuelga que reza: “BIEN INMUEBLE ASEGURADO”, pero no dice, que autoridad la tiene bajo aseguramiento, el hecho es que la víctima lleva más de 20 cirugías en su cuerpo y rostro; la empresa responsable ENGIE sigue sin responderle y bajo un manto de impunidad que se antoja institucional.
Este siniestro se suscitó cuando la acumulación de gas subterráneo de la red de ENGIE hizo chispa al abrir su puerta. La joven Thalía sufrió quemaduras de tercer grado en el 70% de su cuerpo, cambiando su vida drásticamente y obligándola a someterse a un largo proceso de cirugías reconstructivas y terapias de recuperación.
ENTREVISTA CON SOBREVIVIENTE DE EXPLOSION
Juan Pablo Arvizu Barrios, vecino de Thalía y quien sufrió lesiones en una de sus piernas, en entrevista recuerda ese día la explosión:
“Eran las 8:15 de la mañana, yo iba saliendo de mi domicilio, apenas estaba cerrando el portón –de la cochera- cuando escuché la explosión, donde primero tumbaron los vidrios de las ventanas, ¡después explotó todo!”.
“La explosión, a mí me aventó por la onda expansiva varios metros, quedé aturdido y casi inconsciente, me partió el chamorro de la pierna (izquierda) y empecé a renquear y no supe más pues llegó la ambulancia y me llevó al hospital”.
Juan Pablo, le agradeció a Dios que la ayuda de los cuerpos de auxilio, llegaron rápidamente:
“Lo bueno que llegaron temprano, no se tardaron y ya no vi lo de afuera. Mi vecina Thalía salió completamente gritando, quemándose. Fuimos ella y yo quienes estuvimos en el accidente; ella fue la más afectada, pues salió corriendo en llamas hasta que unos vecinos la auxiliaron”.
“Lo mío fue rápido, prácticamente solo un día estuve en el hospital, me dijeron que ocupaba cirugía, pero como mi pata estaba hinchada, me dejaron salir con un sedante, pero al paso del tiempo no podía doblar mi rodilla, por lo que solicité terapias que tuve que pagar, porque yo demandé a la empresa ENGIE, pero no hicieron caso, nunca respondió con nada”.
Sobre la negligencia de ENGIE, que ya sabía de la fuga en esa calle, Juan Pablo, recordó:
“Desde un año antes estaba la fuga, eso lo sabíamos porque siempre lo reportábamos y los de ENGIE solo venían con sus escáneres, hasta las 10 de la noche andaban revisando desde un año antes del accidente, siempre venían a tapar la fuga, pero nunca le dieron arreglo real; la fuga seguía y seguía, hasta que nos desgració la vida”.
“Hasta la fecha, esta empresa nunca ha respondido, yo demandé por la vía penal, sin embargo, hasta la fecha no me han dicho nada, simplemente nos mandan hablar para decirnos que tiene responsabilidades la empresa, ante el accidente porque ellos no querían aceptar, porque le echaban la culpa al drenaje”.
Juan Pablo, le surte a ENGIE:
“La empresa es muy irresponsable, ha habido muchos casos parecidos en Matamoros, la verdad han venido a poner dos tomas aquí en mi domicilio contra mi voluntad, porque yo no las quería por lo mismo, pero cuando llegué yo del empleo y ya las tenía colocadas”.
Remató diciendo que la empresa ENGIE es una bomba de tiempo: “no tienen cuidado de las personas, no les importa la vida humana, aquí no han venido a preguntar, ¿que ocupó, qué necesitamos?”.
Pese a que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA) y las autoridades de Protección Civil municipal documentaron cientos de fugas subsecuentes en la red operada bajo la filial Tamauligas que pertenece a ENGIE, esta empresa sigue operando en Matamoros en total impunidad, sin ningún respeto hacia sus víctimas y a las de sus familias.
Ni siquiera los indemniza, investigaciones federales revelaron en su momento que la empresa operaba sin seguros de responsabilidad civil vigentes obligatorios, y posteriormente recurrió a una serie de amparos legales para evitar pagar las multas impuestas y eludir la reparación del daño a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes de sus explosiones, a los que les desgració la vida.
ENGIE se sigue lavando las manos y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, tal parece que la protege, por lo que los familiares de las víctimas han escalado sus protestas a nivel nacional, llegando a manifestarse e instalar altares frente a la Embajada de Francia en México para exigir que la matriz europea asuma la responsabilidad de sus filiales en territorio mexicano.
El desarrollo urbano y la modernización de los servicios públicos suelen presentarse como sinónimos de progreso. Sin embargo, cuando la infraestructura queda en manos de corporaciones que priorizan la rentabilidad sobre la seguridad humana, el progreso se transforma en tragedia, esto es lo que ha pasado con esta empresa llamada ENGIE, que ha corrompido a las autoridades para operar en Tamaulipas y principalmente en Matamoros, donde es “una bomba de tiempo”.
El caso de las muertes por fugas de gas de ENGIE en Matamoros es una herida abierta que exige mucho más que una multa económica. Desnuda la realidad de un sistema donde las vidas de los ciudadanos parecen valer menos que los intereses de una inversión extranjera.
Para que Matamoros recupere la seguridad bajo sus pies, es indispensable que el Estado Mexicano actúe con firmeza, aplicando sanciones penales ejemplares y cancelando las concesiones a empresas que no garanticen la vida humana.
La justicia para las víctimas no llegará con comunicados de prensa ni evasivas legales, sino cuando se reconozca que la seguridad pública es un derecho humano inalienable que ninguna corporación tiene permitido vulnerar.
LA NORMA QUE VIOLA ENGIE
En México, la distribución de gas natural está regulada estrictamente por la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ASEA-2016, la cual establece los criterios obligatorios para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las redes de distribución.
Un indicador crítico de negligencia técnica quedó asentado en los reportes de Protección Civil municipal y las auditorías de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), los cuales registraron más de 500 reportes de fugas subterráneas de gas natural en la red de la empresa ENGIE en Matamoros durante el periodo subsiguiente al primer siniestro.
Técnicamente, la migración de gas metano a través del subsuelo ocurre cuando la presión en las líneas de conducción falla y no existen los sistemas de monitoreo y odorización (regulados por la NOM-001-ASEA-2019) requeridos para detectar las pérdidas antes de que el hidrocarburo encuentre una fuente de ignición en inmuebles ajenos al servicio.
El hecho de que las propiedades afectadas no contaran con contratos ni instalaciones de gas natural demuestra pericialmente que la fuente del combustible fue exclusivamente externa y subterránea, imputable a la infraestructura de la empresa ENGIE.
Desde la dimensión estrictamente jurídica, el comportamiento de ENGIE encuadra en un supuesto de responsabilidad civil objetiva y administrativa del sector energético.
De acuerdo con el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, los regulados están obligados a contar con seguros vigentes que cubran la responsabilidad civil y por daños a terceros derivados de sus operaciones, lo que no hizo ENGIE con sus víctimas de Matamoros.
Según los dictámenes e inspecciones regulatorias emitidos por la ASEA revelaron que la corporación carecía de pólizas de cobertura suficientes y vigentes en los términos exigidos por la ley al momento de los incidentes.
A pesar de los hallazgos periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y las multas millonarias impuestas por las agencias federales, la defensa legal de ENGIE recurrió de forma sistemática al juicio de amparo indirecto.
En el ámbito procesal penal, la incomparecencia y el uso de apoderados legales para evitar declaraciones presenciales ante los Ministerios Públicos locales -como ocurrió con sus directivos- ilustran una práctica de litigio basada en la dilación temporal.
En materia civil, expedientes como el juicio ordinario 172/2022 en los juzgados de Matamoros muestran parálisis procesales debido al uso abusivo de recursos incidentales por parte de la empresa ENGIE y su aseguradora secundaria, lo cual vulnera de manera flagrante el derecho constitucional a una justicia pronta y expedita, además del cobijo que ya se le está dando de manera institucional.
ANALISIS TECNICO-JURIDICO
El análisis técnico-jurídico del caso ENGIE en Matamoros demuestra que las explosiones e intoxicaciones no fueron accidentes fortuitos, sino consecuencias previsibles de la inobservancia normativa y la falta de supervisión eficaz de la infraestructura subterránea, como les acaba de ocurrir el 30 de septiembre de 2026, en el Kinder “Happy Children”.
La empresa ha aprovechado las lagunas procedimentales del sistema legal mexicano para suspender y prolongar los litigios, logrando evadir de manera sistemática tanto el pago de indemnizaciones justas como la remediación técnica requerida para garantizar la seguridad colectiva en la región.
Y es aquí donde los clientes, al menos los de Matamoros deberían de cancelar los servicios de gas natural con esta empresa hasta que les responda a las familias de las víctimas y de los sobrevivientes de sus explosiones.
Este caso pone de relieve la imperiosa necesidad de que los órganos reguladores del Estado Mexicano, tales como la ASEA y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ejerzan facultades de coacción más severas, incluyendo la revocación inmediata de los permisos de distribución a empresas que reincidan en faltas graves de seguridad industrial; como está ocurriendo en Matamoros con esta nefasta empresa francesa llamada ENGIE, que está muy lejos de cumplir con su lema: “El gas natural es cómodo, seguro y moderno; su mejor opción para su hogar y negocio”.
En Matamoros, ENGIE representa muerte y la impunidad de una corporación extranjera frente al daño infligido a ciudadanos mexicanos socava el estado de derecho y establece un peligroso precedente de desregulación fáctica en el sector energético nacional y si el gobierno federal se dice el paladín de la soberanía, debería de empezar con cancelar la concesiones, licencia o permisos a esta clase de empresas abusivas e irresponsables.
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