EN PARTIDA DOBLE
Alejandro Mares Berrones
Las desapariciones forzadas en México, es un problema que el Estado Mexicano no ha sabido enfrentar, ni resolver y tampoco puede evitar su responsabilidad; desde que Felipe Calderón, le movió “al avispero” en su guerra frontal contra el narco este fenómeno social empezó a crecer.
Gobiernos como el de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, nunca le pusieron atención y ahora ya le rebotó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a su nuevo Canciller Roberto Velasco con el más reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU sobre México.
Desde abril de 2022, el CED-ONU ya había diagnosticado la alarmante crisis de desapariciones; en aquella fecha se hablaba de 95 mil personas registradas como desaparecidas en ese momento. El Comité señaló que las entidades con esta problemática son: Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, CDMX, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y otros estados, los que concentran la mayor incidencia.
El informe actualizado del CED-ONU, menciona que del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, 28 mil 880 personas han sido reportadas desaparecidas; es decir, el problema va en aumento.
Además, se tienen ubicadas en todo el territorio 4 mil 500 fosas clandestinas, en donde se han encontrado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos y a todo esto se le estaría sumando 72 mil restos sin identificar a inicios de 2026.
El reporte es más agudo, cuando señala que en total se habla de 132 mil personas desaparecidas han sido registradas, de las cuales 46 mil 742 con datos insuficientes para su búsqueda; en otras palabras, México se ha convertido en el camposanto del narco y del crimen organizado y lo peor, “la impunidad es casi absoluta”, solo un porcentaje ínfimo de casos llega a juicio y condena. Hay falta de investigaciones efectivas, coordinación y recursos.
Otro de los puntos de gravedad, es la participación de agentes estatales y crimen organizado en esas desapariciones; los servidores públicos se encuentran coludidos con la delincuencia organizada y otro dato relevante es la crisis forense, más de 52 mil cuerpos se encuentran sin identificar en fosas y en los anfiteatros de las propias Fiscalías Generales de los Estados, donde se mantiene un rezago en identificación de cadáveres y una entrega digna a sus familiares.
Entre las recomendaciones emitidas por el CED-ONU, se encuentran la de atender la impunidad con investigaciones prontas, exhaustivas e independientes; sancionar a responsables y romper la colusión entre autoridades y crimen. Otra es fortalecer a las fiscalías, comisiones de búsqueda, servicios forenses y policiales con presupuesto, personal capacitado y autonomía, entre otras.
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, calificó a dicho informe como “tendencioso, parcial y falto de rigor jurídico”, asegurando que no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México el 27 de marzo, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y, en particular, desde 2025 y que la situación actual no equivale a una política estatal de desaparición forzada y que los logros recientes (2019-2025) fueron ignorados en ese documento.
EN CONTRAPARTIDA, lo anterior es el contexto de la problemática que por lo menos en dos décadas está padeciendo México y hoy observamos como el gobierno de CSP y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) descalifican la resolución del CED-ONU, trasladando esta situación a otro nivel, como lo es la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“No se puede tapar el sol con un dedo”, no es un asunto de tal o cual gobierno, ni de los del pasado, ni de los del presente, es responsabilidad simple y llana del Estado Mexicano.
P. D. Según la SEGOG, más de 450 colectivos de madres buscadoras y familias participaron en las mesas para aportar a la reforma de la Ley de Búsqueda en junio de 2025 y muchas de ellas han sido asesinadas; sus crímenes siguen en la impunidad, al igual que la justicia para los desaparecidos.
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