EN PARTIDA DOBLE
Alejandro Mares Berrones
En anterior análisis lo comenté y hoy lo ratifico: “Las luchas y movimientos sociales, surgen de las clases más necesitadas”; desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, al campo mexicano lo clavaron en una cruz madera, en pies y manos. Con la verborrea de que lo iban hacer más competitivo, frente a la globalización y que con la reforma al artículo 27 constitucional, abrirían la puerta a la inversión privada.
Con dicha reforma se puso fin al reparto agrario y las parcelas de los ejidatarios ya se podían vender e incluso embargar, fue el inicio de la comercialización de la tierra. Los ejidos se convirtieron en fraccionamientos, colonias o parte de ranchos de terratenientes, en la mayoría de los casos se trata de políticos influyentes, metidos a ganaderos o productores agrícolas.
En México, no existe “político rata”, que no tenga rancho; con la excepción de Andrés Manuel López Obrador, que heredó “La Chingada”; de aquí para el real, todo aquel que tenga ranchos estos alguna vez fueron ejidos, o al menos que los hayan heredado como AMLO.
Gortari, les doró la píldora a los campesinos y como dicen en el rancho “los engatuso” con los famosos programas PROCAMPO y SOLIDARIDAD, para meterles la reforma del 27 constitucional.
En 1993, casi al final de su sexenio, fue cuando nace el Programa de Apoyos Directos al Campo y la tercera o cuarta generación de los hijos de aquellos hombres y mujeres que anduvieron en la bola de la revolución, luchando por tierra y libertad, se empezaron a echar en la maca, es decir, en la modorra de levantarse temprano e irse a la labor a sembrar, a producir maíz, sorgo, frijol, etc.
El cheque del PROCAMPO les llegaba puntual, los ejidatarios trabajadores progresaron, los flojos se fueron a la ruina, vendieron sus tierras y se alquilaron de jornaleros, obreros, albañiles en las grandes ciudades, algunos otros emigraron a los Estados Unidos.
Por mucho tiempo, el PRI, estuvo medrando políticamente con esos programas que creó Gortari, cuya finalidad era convertir al campo mexicano en competitivo frente a la competencia del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
Llegó la 4T, López Obrador, repartió apoyos directos en efectivo, para discapacitados, adultos mayores, jóvenes, madres solteras, todo esto lo vio el pueblo de maravilla, pero el apoyo al campo mexicano solo fue para los pequeños productores, a través de los programas: Producción y Fertilizantes para el Bienestar, Precios de Garantía, Sembrando Vida, Crédito Ganadero a la Palabra; una copia pirata del PROCAMPO y SOLIDARIDAD, pero mucho más “pinchurriento” que los de Salinas de Gortari.
El objetivo de estos programas de el “Bienestar”, consistía en fomentar la autosuficiencia alimentaria y eliminar la dependencia de productos extranjeros. Al paso que vamos, ha resultado todo lo contrario; la producción de maíz blanco en el territorio nacional va a la baja; estados como Sinaloa que anualmente producía 6 millones de toneladas al año normalmente, hoy solo va a producir un millón y medio. De ese tamaño está el déficit en el sector agroalimentario.
Lo mismo ocurre en las otras entidades del país, donde se siembra frijol, sorgo, trigo y maíz amarillo, este último utilizado para la alimentación animal. En México está prohibida la producción de maíz transgénico, ni la importación del mismo, y según algunos productores agrícolas esto los deja en desventaja con Estados Unidos y Canadá, pues allá si lo siembran.
Eso del maíz transgénico es otro tema, el asunto que nos compete hoy, es analizar porque el pasado lunes 24 de noviembre, se llegó a un punto de quiebre entre el gobierno federal vs transportistas y productores agrícolas que bloquearon carreteras y autopistas en 17 estados más la ciudad de México.
Lo anterior ha sido catalogado como un megabloqueo por los diarios nacionales y en la historia contemporánea de este país nunca se había visto algo así de tal magnitud, hay que recordar que las revoluciones no se ganan por el uso de la fuerza, sino por la capacidad de movilización para desafiar al poder establecido.
Eso ya lo demostraron el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM); el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC). Estas organizaciones fueron capaces de paralizar la viabilidad de al menos 17 estados: Estado de México, todas la autopistas fueron cerradas; SLP, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit.
EN CONTRAPARTIDA, los transportistas y productores lo único que le piden al gobierno federal es seguridad y precios justos para sus productos. En las carreteras del país continúan los asaltos y extorsiones; las utilidades de los consorcios como BIMBO y MASECA son altísimas, mientras los productos agrícolas como el sorgo, trigo y maíz se venden a precios muy bajos.
Los productores agrícolas, se oponen a la Ley de Aguas Nacionales, que consideran que centraliza el control hídrico y limita el acceso al agua para la producción agrícola; además de la falta de apoyos, créditos y subsidios del gobierno federal al campo.
Así, a groso modo, este es el contexto del conflicto, pero hay algo que quiero destacar y es precisamente la narrativa del gobierno federal, ahora en voz de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, que dijo que no entendía el origen de estos bloqueos y hasta señaló que tienen “motivación política”; señaló a los dirigentes de estas organizaciones campesinas, de ser integrantes del PRI, del PAN y del PRD y que pretenden afectar al movimiento de la 4T.
En primera instancia, Rosa Icela, es la secretaria de gobernación, la abogada de todos los mexicanos; si los dirigentes de estas agrupaciones tienen ideologías políticas y si son productores o transportistas, tienen derecho a exigir al gobierno mejores condiciones de seguridad y apoyos al campo, alguien tiene que encabezar estas acciones.
Mientras en el gobierno federal, continúan con la narrativa de culpar a los adversarios políticos y a los gobiernos del pasado; en contraste con esto, en Tamaulipas, Antonio Varela, secretario de Desarrollo Rural, dijo que las demandas de los transportistas como de los productores de sorgo, maíz y trigo, son justas y con fundamento debido a la caída de los precios y las condiciones actuales del mercado y remató que siempre es preferible el dialogo a este tipo de conflicto.
Si la 4T corrige el rumbo con los productores agrícolas y brinda la seguridad en las carreteras a los transportistas, se los va a echar al bolsillo; en vez culpar al PRI, PAN o al extinto PRD.
Los funcionarios de este nuevo sexenio, deben entender que ahora son el partido en el poder, que acaso no escucharon a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dijo que morena es el partido; ella y su gabinete son el gobierno de todos los mexicanos.
¿Qué le cuesta al gobierno hablarles con la verdad a los campesinos?, ¿Qué le cuesta apoyarlos a todos: chicos, medianos y grandes?.
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