Denuncias, carpetas penales y presuntos quebrantos: la estela judicial que persigue al sexenio de Cabeza de Vaca.
“LAS VIUDAS DEL PODER” DE CABEZA DE VACA
De los contratos de despensas y los recursos de seguridad a las adjudicaciones, los fideicomisos y los servicios de salud: una revisión de los expedientes contra exfuncionarios del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El nombre del exmandatario también aparece en denuncias estatales y en una investigación federal; no todos los señalados están en la misma etapa procesal.
Alejandro Mares Berrones
La administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca terminó, pero las preguntas sobre el manejo de los recursos públicos no se quedaron en el relevo de gobierno. Con el paso de los meses comenzaron a conocerse denuncias, investigaciones, judicializaciones y vinculaciones a proceso contra antiguos integrantes de su gabinete.
Los expedientes conocidos dibujan una trama de asuntos distintos: compras de despensas por cientos de millones de pesos, contratos adjudicados directamente, transferencias de recursos de seguridad, pagos bajo sospecha y presuntas irregularidades en el sector salud. No se trata de una sola causa ni de una acusación colectiva: son procedimientos diferentes, con personas, montos y situaciones procesales que deben examinarse por separado.
¿Qué ocurrió con el dinero público durante aquel sexenio y hasta dónde alcanzan las responsabilidades de quienes tomaban las decisiones?:
Educación y el expediente 14/2023
Uno de los primeros casos que alcanzó a un integrante de primer nivel fue el de Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación, En septiembre de 2023, un juez lo vinculó a proceso por peculado y ejercicio ilícito del servicio público, en una investigación relacionada con un convenio con MetLife México.
La acusación se centró en la retención y manejo de recursos de seguros de trabajadores de la educación. Según la información difundida entonces, esos fondos se habrían utilizado para pagos a proveedores y otros conceptos sin la regulación correspondiente de la Secretaría de Finanzas. El expediente judicializado fue identificado como 14/2023 y el monto señalado rondaba los ocho millones de pesos.
Aunque su antecesor, Héctor Escobar Salazar, fue quien le dejó el cochinero, en la SET y había sido señalado de un quebranto mayor, a este no lo han investigado, por ser gente cernada a César Verástegui Ostos, ex secretario General de Gobierno durante el sexenio cabecista. Los del grupo de “El Truco”, no son tocados ni con el pétalo de una rosa.
En julio de 2026, Gómez Monroy fue sentenciado a 19 años de prisión por peculado y ejercicio ilícito del servicio público. La condena representa uno de los resultados más contundentes conocidos dentro de las investigaciones contra el antiguo aparato estatal, encabezado por hoy prófugo de la justicia, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Las vinculaciones de SEDUMA
El exsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, acumuló tres vinculaciones a proceso en investigaciones distintas.
La primera quedó registrada en la carpeta 257/2023, por ejercicio ilícito del servicio público. En octubre de 2024, un juez lo vinculó en dos asuntos adicionales: uno el día 18 y otro el 22 de octubre, por ejercicio ilícito del servicio público y desempeño de funciones judiciales o administrativas. La información pública consultada no identifica los números de esas otras dos carpetas.
Las investigaciones sobre una misma dependencia no quedaron circunscritas a un solo hecho ni a una sola carpeta. En esta dependencia existen muchos más involucrados.
Contratos directos bajo sospecha
En julio de 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas “Fiscalía Anticorrupción” consiguió que un juez vinculara a proceso a Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, exsecretario de Administración, y a Elda Aurora Viñas Herrera, excontralora gubernamental.
La imputación se relacionó con la adjudicación directa de 14 contratos por 8 millones 233 mil 500 pesos a dos personas morales y una persona física. La Fiscalía sostuvo que el importe de los servicios habría sido fraccionado para evitar las reglas de contratación pública. El asunto se identificó como causa penal 86/2024.
En el caso de Salazar Anzaldúa, también se reportó otra causa, 309/2024, relacionada con adquisiciones por alrededor de 125 millones de pesos. En el caso de Elda Viñas, el expediente que tuvo un desenlace posterior fue CP/14/2025.
El 15 de septiembre de 2026, un tribunal de enjuiciamiento declaró culpable a Viñas Herrera por uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas. El caso se relacionó con la autorización de pagos por 60 mil pesos a una subordinada que, simultáneamente, ocupaba un cargo administrativo en la Contraloría y prestaba servicios como proveedora de la dependencia.
La Contraloría, cuya función era vigilar el uso correcto de los recursos y la legalidad de los actos administrativos, terminó teniendo a su ex titular ante un tribunal por hechos vinculados con pagos y atribuciones de la propia dependencia; es decir, “el coyote, cuidaba de las gallinas”.
“Las despensas de oro”
Si existe una dependencia que aparece repetidamente en los señalamientos por contratación pública, es la Secretaría de Bienestar Social, que estuvo a cargo de Rómulo Garza Martínez, quien fue vinculado a proceso en julio de 2025 por la presunta contratación directa de 2 millones 600 mil despensas, por un monto de 650 millones de pesos, correspondientes al programa Bienestar Alimenticio de 2021.
La causa fue identificada como 87/2024. La Fiscalía Anticorrupción le atribuyó uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas. El juez impuso prisión preventiva justificada durante el proceso.
Lo que trascendió públicamente, es que las investigaciones contra el exfuncionario se reportó otro asunto relacionado con la adquisición de 474 mil despensas por aproximadamente 125 millones de pesos, según el expediente 00504/2025 para el caso de los 650 millones, mientras que el número 87/2024 aparece asociado al mismo procedimiento en otra cobertura.

Bienestar Social “la gallina de los huevos de oro”
La exsecretaria de Bienestar Social Yahleel Abdala Carmona fue vinculada a proceso en junio de 2026 por presuntas irregularidades en cuatro contratos de adquisición de despensas por 985.2 millones de pesos.
La investigación se identificó como CP/0733/2025. La Fiscalía Anticorrupción señaló que los contratos se habrían adjudicado directamente a las empresas JD Abarrotes y Perecederos y Aldekom, durante 2021 y 2022. La jueza impuso prisión preventiva, pero la medida no se ejecutó debido a un amparo promovido por la defensa para evitar la detención, de la ex titular de esta dependencia.
Se trata de compras públicas destinadas a programas alimentarios, no de gastos marginales o administrativos, donde no existió competencia real entre proveedores y los precios fueron alterados a los reales e incluso las entregas de estos beneficios fueron fantasmas algunos y no aparece quién autorizó cada operación.

En Finanzas, 139.3 millones terminaron en Banco Accendo
La exsecretaria de Finanzas María de Lourdes Arteaga Reyna fue vinculada a proceso el 15 de octubre de 2025 por el presunto manejo irregular de 139 millones 328 mil 239 pesos.
De acuerdo con la investigación, el dinero estaba destinado a infraestructura y equipamiento de la Red de Vigilancia de Seguridad Pública. La acusación sostiene que los recursos fueron retirados de un fideicomiso y transferidos al Banco Accendo como inversión financiera. Dos meses después, la institución bancaria se declaró en quiebra.
La exfuncionaria enfrenta señalamientos por uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio ilícito del servicio público. En junio de 2026 se reportó que su proceso había llegado a audiencia intermedia.
Los recursos etiquetados para fortalecer la seguridad pública terminaron expuestos a una inversión bancaria que acabó en quiebra; así fue la magia en el gobierno de Cabeza de Vaca.

El corrupto de Carlos “Chito” García
El exsecretario de Desarrollo Económico, el matamorense Carlos Alberto “Chito” García González fue vinculado a proceso en octubre de 2025 en dos investigaciones: 00385/2025 y 00367/2025.
Los expedientes incluyen señalamientos por uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas. Una de las causas está relacionada con la contratación de servicios jurídicos por 3 millones 438 mil 240 pesos. También se han reportado indagatorias sobre gastos de viajes internacionales, viáticos por 200 mil pesos para un viaje a Italia, presuntos desvíos del Fondo Tamaulipas hacia proyectos sin sustento y créditos otorgados sin respaldo legal.
En el mes de octubre de 2026, “Chito” declaró en una entrevista radiofónica que las decisiones cuestionadas se ejecutaron por instrucciones de la oficina del entonces gobernador y pidió reconstruir la cadena de mando.
Afirmó que, al inicio de su gestión, recibió indicaciones para actuar como área requirente mientras los proyectos llegarían desde la oficina del Ejecutivo, o sea, culpó a Cabeza de Vaca, para tratar de salvarse de la cárcel y de no perder su patente de Agente Aduanal; es hoy, una de las principales “viudas del poder” del anterior sexenio.
A que “Chito”, durante seis años, estuvo “mame y mame como becerro” y ahora que está a punto de ir a prisión, trata de echarle la culpa a su patrón Cabeza de Vaca, pero así no funciona la justicia, cada quien es responsable de sus propios actos: si las decisiones se originaban en la oficina del gobernador, ¿hasta dónde llegaba la cadena de mando y quién daba las instrucciones finales?.
Mandos Intermedios también involucrados en el saqueo
Las investigaciones no se limitaron a quienes encabezaron secretarías. También alcanzaron a subsecretarios, directores y administrativos; los mandos intermedios “también se papearon”.
Entre los expedientes reportados se encuentran el identificado con el número 00503/2025, contra el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Enrique “N”, por uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio ilícito del servicio público. Otro caso es el de Reynaldo “N”, Armando “N”, Isaías “N” y Eduardo “N”, exfuncionarios de Obras Públicas, acusado por los mismos delitos, según la carpeta 00311/2025.

“El cochinero” en la Secretaría de Salud
En agosto de 2025, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que había presentado 70 denuncias, de las cuales 14 eran penales, por presuntas irregularidades en contratos de mantenimiento hospitalario durante 2017 y 2018. El posible quebranto señalado ascendía a 343 millones 966 mil pesos.
Entre los funcionarios mencionados en las denuncias se encuentran el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca; la exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; Horacio García Rojas Guerra; Alejandro Aguilar Poegner y Román Castillo Airola. En parte de las denuncias también se mencionó al exsecretario de Administración Jesús Antonio Nader Nasrallah.
Datos revelados por el periódico La Jornada, se identificaron cinco números únicos de caso vinculados con ese conjunto de denuncias: 194, 195, 196, 197 y 203/2025.
La denuncia de Salud apuntó a presuntas adjudicaciones ilícitas y a empresas relacionadas con los hermanos Carmona. Esa es la hipótesis presentada por las autoridades denunciantes; corresponde a la Fiscalía Anticorrupción probarla y a los tribunales determinar responsabilidades.
Hasta la información pública consultada, no se había acreditado una vinculación a proceso de todos los funcionarios mencionados por estos cinco números de carpetas.
Gloria Molina, es otra de “las viudas del poder” de Cabeza de Vaca, ella a través de un video, también dijo algo parecido a lo que declaró Carlos “Chito” García González, se lavó las manos y culpó al exgobernador, de todo el cochinero que durante su sexenio se llevó a cabo en la Secretaría de Salud.
El Informe de la Fiscalía Anticorrupción
Según el último informe deLa Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, hasta junio de 2025, tenía 790 carpetas de investigación en trámite, 14 judicializadas y 15 órdenes de aprehensión solicitadas y obtenidas. En los expedientes se investigaban, entre otros posibles delitos, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público y daño patrimonial.
El 9 de julio de 2026, el periódico La Jornada, calculó que el presunto daño patrimonial acumulado en los expedientes relacionados con el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca ascendía a 2 mil 423 millones 433 mil pesos.

El final de la cadena apunta a Cabeza de Vaca
El exgobernador no aparece únicamente como el titular político de una administración cuyos excolaboradores enfrentan investigaciones. Su nombre también figura directamente en denuncias estatales y en una investigación federal y ahora “sus viudas” son las que le ponen el dedo directamente.
En agosto de 2025, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, ya timoneada por el gobierno morenista que encabeza Américo Villarreal Anaya, informó que había presentado denuncias penales contra Cabeza de Vaca y exfuncionarios por contratos de mantenimiento hospitalario que, según la dependencia, habrían ocasionado un presunto quebranto de 343 millones 966 mil pesos, como ya se mencionó en párrafos anteriores.
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer queabrió la carpeta 392/2020, relacionada con señalamientos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra Cabeza de Vaca.
En 2021 también se discutió una acusación por presunta defraudación fiscal equiparada, vinculada con la adquisición de un inmueble y diferencias fiscales reportadas por las autoridades.
En febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que había protegido al exmandatario frente a la orden de aprehensión de 2021 por delincuencia organizada y lavado de dinero. La resolución dejó sin efecto esa protección y validó la orden para que pudiera ejecutarse, por lo que hoy el ex gobernador panista es un prófugo para la justicia mexicana.
Gobernar implica ejercer el poder, pero también asumir la responsabilidad pública por la administración que se encabeza. Un gobernador no firma necesariamente cada contrato ni autoriza personalmente cada transferencia; sin embargo, sí tiene la obligación política e institucional de garantizar que su gobierno opere bajo la ley, con controles eficaces y rendición de cuentas.
Ahora “las viudas de ese poder”, el de Cabeza de Vaca, enfrentan procesos penales por contratos, despensas, recursos de seguridad, adjudicaciones y manejo de fondos públicos, la responsabilidad no puede terminar con el nombre del funcionario que estampó una firma; sino también en quién diseñó las políticas, quién estableció las prioridades, quién dio instrucciones y quién permitió que los mecanismos de vigilancia funcionaran o dejaran de funcionar.
Y todo apunta a que la cadena de mando llegaba hasta la oficina de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es lo que hoy dicen “Las Viudas del Poder” o mejor dicho, extinto poder cabecista.