Alejandro Mares Berrones
La captura de un presunto jefe de una célula delictiva desató una jornada de violencia que paralizó Matamoros y alcanzó a Río Bravo, Valle Hermoso e incluso Padilla y El Barretal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) confirmó una menor fallecida y dos personas lesionadas. Un familiar denunció que la camioneta donde viajaba la niña fue atacada desde un helicóptero de la Guardia Nacional; la participación y responsabilidad de las fuerzas federales en esa muerte siguen sin esclarecerse y no puede solo quedar en “daño colateral”.
MATAMOROS, TAMAULIPAS.- La detención de Axel Alfredo “N” alias «El Titán», señalado por autoridades federales como segundo al mando de una facción del CDG, desencadenó el jueves 29 de octubre una de las jornadas de mayor tensión que ha vivido Matamoros en los últimos meses.
La operación, ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, tuvo como resultado la captura de dos civiles, el aseguramiento de armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Sin embargo, la reacción posterior de presuntos integrantes de la organización criminal convirtió distintos sectores de la ciudad en escenarios de bloqueos, incendios de vehículos y obstrucciones de carreteras con los llamados ponchallantas.
El costo humano de aquella jornada quedó marcado por la muerte de Arayza, una niña de siete años, cuya familia denunció que fue alcanzada por disparos procedentes de un helicóptero de fuerzas policiales cuando viajaba en una camioneta acompañada de otros menores.
La FGJE confirmó el fallecimiento de una menor y dos personas lesionadas, pero no han determinado la mecánica de la agresión ni identificado a los responsables; este crimen no puede quedar en la impunidad, de que sirve de que capturen a un criminal, si las mismas Fuerzas Federales asesinan a personas inocentes, por eso el Ministerio Público está obligado a investigar: ¿qué ocurrió realmente con la niña y quién disparó contra el vehículo en el que viajaba?.
LA OPERACIÓN MILITAR NO FUE UN ÉXITO
De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la detención fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, ejecutados por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional.
La captura se realizó aproximadamente a las 11:00 horas, sobre la avenida Pedro Cárdenas, a la altura de la Cruz Verde, cuando Axel Alfredo “N” conducía una camioneta Lamborghini Urus color azul. Junto con él fue detenida otra persona, cuya identidad no fue divulgada.
García Harfuch, identificó a Axel Alfredo “N” como presunto segundo al mando de una facción del CDG, y lo relacionó con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como con el contrabando de armas hacia México.
También lo vinculó con el ataque ocurrido el 17 de mayo de 2026 contra integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el que murió el agente del Servicio de Protección Federal Marcelo Vázquez Vázquez y otros dos elementos resultaron heridos.
La autoridad federal aseguró que durante el operativo fueron decomisadas armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Los dos detenidos fueron trasladados por vía aérea a la Ciudad de México para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Pese a todo lo dado a conocer por García Harfuch, este no catalogó la operación exitosa, y omitió en su información mencionar los daños ocasionados en la realización de este operativo, más allá de las pérdidas económicas por quema de taxis, autobuses urbanos, camiones y camionetas de empresas como la Corona, Bimbo, Coca Cola y otras; la muerte de una menor de 7 años que fue baleada desde un helicóptero militar, junto a su familia.
LA MUERTE DE ARAYZA EXIGE UNA INVESTIGACIÓN
INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE
El hecho más grave de la jornada fue la muerte de una niña de siete años identificada por medios comunicación como Arayza, de lo que García Harfuch no dijo ni “pio”; se trata de una menor reportada como ciudadana estadounidense, que viajaba en una camioneta negra acompañada de otros siete menores y una mujer adulta, presuntamente su madre que también resultó herida, a quienes les dispararon de un helicóptero artillado.
Un familiar declaró a la revista Vertical, que dirige el maestro Julio Rubio, que el vehículo quedó en medio de una situación de riesgo y que desde un helicóptero de fuerzas policiales se realizaron disparos contra la camioneta.
De acuerdo con ese testimonio, uno de los proyectiles lesionó en un pie a la mujer que conducía, mientras que otro impactó en la cabeza de la niña, quien murió en el lugar.
Esta es una denuncia periodística de enorme gravedad, pero todavía no constituye una determinación pericial ni una resolución ministerial sobre la autoría de los disparos; por eso es importante que exista una investigación independiente y transparente, no solo por parte de la FGJE, sino también por la propia Fiscalía General de la República (FGR) e incluso la Policía Militar.
Este operativo, cobró la vida de una niña inocente, eso no se vale, por eso es necesario establecer si la aeronave pertenecía al Ejército, a la Guardia Nacional o a otra corporación; si participaba directamente en el operativo; si efectuó disparos; y si los proyectiles recuperados corresponden a las armas utilizadas por las fuerzas de seguridad. La autopsia al cadáver de la menor, revelará la causa exacta de su muerte.
La FGJE informó, a través de la Vocería de Seguridad, que había confirmado la muerte de una menor y dos personas lesionadas, y que iniciaría las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades; eso espera la sociedad civil de Matamoros.
La muerte de una niña que viajaba en un vehículo familiar obliga a investigar no solamente la conducta de los grupos criminales, sino también el cumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza letal, la identificación de objetivos y la protección de la población civil.
LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES
En medio de la crisis, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre el despliegue de 450 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y dos helicópteros artillados para reforzar la seguridad en Matamoros y la región fronteriza.
La medida fue presentada como parte de una estrategia para contener los índices delictivos y fortalecer la coordinación entre las corporaciones federales y estatales.
Es importante distinguir este despliegue de refuerzo de la aeronave mencionada en el testimonio del familiar de la menor: la información publicada no demuestra que los dos helicópteros artillados desplegados posteriormente fueran los que habrían participado en el incidente.
Por su parte, la autoridad municipal encabezada por el alcalde José Alberto Granados participó en las acciones de atención a la emergencia y en los trabajos para restablecer la circulación, retirar vehículos y liberar vialidades.
La Secretaría de Educación suspendió las actividades escolares del turno vespertino como medida preventiva e incluso hoy 30 de octubre, la gran mayoría de las escuelas de nivel básico, medio y superior no hubo clases. El temor continúa.
POBLACION ATRAPAPA ENTRE LAS BALAS DE LAS
FUERZAS FEDERALES Y DE LOS GRUPOS CRIMINALES
Lo ocurrido en Matamoros vuelve a colocar sobre la mesa un problema de fondo: la capacidad de las organizaciones criminales para reaccionar violentamente ante operaciones federales y utilizar la infraestructura urbana y carretera para paralizar una ciudad.
La captura de un presunto mando criminal puede representar un resultado operativo para las autoridades, pero la respuesta de violencia evidencia el impacto que estas estructuras mantienen sobre la población civil.
La detención de un objetivo prioritario no puede medirse únicamente por el número de personas capturadas o las armas decomisadas. También debe evaluarse por la protección de los ciudadanos, la prevención de daños colaterales y la capacidad institucional para evitar que la población quede atrapada entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados.
Y en esta jornada hay una víctima cuya muerte no puede quedar reducida a una estadística. Arayza tenía siete años. Viajaba con otros niños. Su muerte exige respuestas. Las Fiscalías debe esclarecer de dónde provinieron los disparos, qué corporación operaba la aeronave denunciada, qué ocurrió con la camioneta y quién debe responder por el fallecimiento de la menor.
Porque si se confirma que un disparo efectuado desde una aeronave oficial terminó con la vida de una niña, no estaríamos solamente ante un daño colateral de un operativo: estaríamos frente a un hecho que exige responsabilidades institucionales, ministeriales y, en su caso, penales.
P. D. La seguridad pública tiene como finalidad proteger a la sociedad. Y cuando una operación destinada a combatir al crimen termina con una niña muerta, la obligación del Estado no concluye con la detención de los presuntos delincuentes: comienza también con la investigación exhaustiva de lo ocurrido y la garantía de justicia para la víctima y su familia.
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