EN PARTIDA DOBLE
Alejandro Mares Berrones
Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, acusó en un video al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca de ordenarle adjudicar contratos de manera irregular a empresas vinculadas con Sergio Carmona Angulo, “El Rey del Huachicol” asesinado el 22 de noviembre de 2021, en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Según Molina ella recibió instrucciones directas del exgobernador panista para beneficiar a Grupo Industrial Permart y Joser, señalando que el control de la proveeduría se manejaba mediante la Subsecretaría de Administración y Finanzas a cargo de Alejandro Aguilar Poegner y que los asuntos técnicos de la secretaría de Salud, ella era solo lo que manejaba.
Ante denuncias penales en su contra por un desvío millonario, pidió investigar a los altos mandos y no solo a los subordinados, además de solicitar protección ante el temor por su seguridad y la de su familia:
“Asumo la responsabilidad que corresponda, no es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración pública”, palabras dichas por Molina en franca referencia al ex gobernador Cabeza de Vaca.
EN CONTRAPARTIDA, las acusaciones surgen tras decenas de denuncias presentadas por la actual Secretaría de Salud de Tamaulipas, debido a un quebranto financiero estimado en 343.9 millones de pesos por contratos sin licitación en 2017 y 2018.
El video y las declaraciones de Gloria Molina Gamboa representan un punto de quiebre político y jurídico en torno al grupo compacto de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien continua prófugo de la justicia mexicana y se esconde en McAllen, Texas, Estados Unidos.
El caso de Molina, no se trata de un simple deslinde de responsabilidades, sino de un golpe estratégico que sacude al grupo político que estuvo en el poder en el pasado sexenio; lo que podríamos analizar en cuatro hipótesis:
La ruptura de Molina con su ex jefe Cabeza de Vaca: Históricamente, los gabinetes estatales operan bajo un pacto implícito de lealtad y silencio. La ex secretaria de Salud, es la primera funcionaria de primer nivel del sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca que rompe públicamente ese pacto.
El detonante fue la presión del aparato judicial actual -con exsecretarios ya sentenciados, como lo es Mario Gómez Monroy, ex titular de la secretaría de Educación o formalmente procesados como Rómulo Garza de SEBIEN– alteró el cálculo de costo-beneficio para Molina, que se aventó al ruedo, a sabiendas del riesgo que corre, al acorralar con sus declaraciones a su ex jefe Cabeza de Vaca.
Su declaración liquida la narrativa de “persecución política” que el exgobernador Cabeza de Vaca ha sostenido. Al ser su propia secretaria de Salud quien lo acusa de dar órdenes directas para desviar recursos, la defensa del exmandatario se debilita drásticamente y queda en ridículo porque ahora uno de los suyos le pone el dedo.
“Efecto Ventilador” y la Cadena de Mando
Molina implementa una clásica estrategia de defensa defensiva-ofensiva: si cae el eslabón de abajo, debe caer el de arriba; lo que se conoce como “Efecto Ventilador”.
Al declarar que existía una “separación de funciones” (donde ella operaba lo técnico y el gobernador controlaba los contratos a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de Alejandro Aguilar Poegner), Molina busca deslindar el dolo legal: por eso menciona la Cadena de Mando que sea investigada.
Políticamente, Molina envió un mensaje claro a la Fiscalía Anticorrupción del Estado y a la Auditoría Superior: “Tengo la información técnica de cómo operaba el sistema financiero centralizado del cabecismo”. Esto la posiciona implícitamente como una candidata a testigo colaboradora o criterio de oportunidad.
Y le suma el factor Sergio Carmona, “como puente que quema a dos fuegos”: El aspecto más explosivo de su declaración es la mención explícita a las empresas Permart y Joser, vinculadas al asesinado “Rey del Huachicol”. Este nombre es la criptonita de la política tamaulipeca.
Para la corriente del PAN que comulga con el Cabecismo, estas declaraciones de Molina les cayeron como balde de agua fría, ya que se confirma que los vínculos contractuales de Carmona con el gobierno del estado comenzaron formalmente en el sexenio panista (2017-2018), destruyendo el discurso opositor de que Carmona era un personaje exclusivo de la transición a la 4T.
Para el gobierno actual morenista, esto resulta ser un juego de navajas de doble filo. Aunque el gobierno del estado capitaliza esto para encarcelar o procesar al grupo de Cabeza de Vaca, el financiamiento ilícito de campañas y los mensajes filtrados de Carmona con figuras guindas (como alcaldes y legisladores) hacen que tocar el “caso Carmona” sea altamente inflamable para toda la clase política del estado.
SAT-Tam y la Centralización del Dinero
Molina pone el foco sobre el diseño institucional del cabecismo. Señala que las secretarías operativas estaban “bypasadas” (puenteadas) en lo financiero por Finanzas y estructuras como el SAT-Tam (recientemente impugnado por el Congreso local).
Políticamente, esto devela cómo se configuró un gobierno de hipercentralización económica, donde los secretarios sectoriales firmaban los contratos, pero no controlaban los flujos de dinero ni la selección de proveedores, operando prácticamente como escudos legales del Ejecutivo, en otras palabras, como vulgares prestanombres institucionalizados.
Las declaraciones de Gloria Molina aceleran la desarticulación total del grupo político cabecista en Tamaulipas, dejándolo sin margen de maniobra moral. Sin embargo, al abrir la caja de Pandora de las empresas de Sergio Carmona, el proceso judicial entra en una zona de riesgo sistémico donde la verdad histórica podría salpicar a actores políticos de diversos espectros partidistas que hoy se encuentran en activo.
P.D. Empezando por aquel, al que el diputado federal Mario López Hernández “La Borrega Corrupta”, dijo que le llaman “El Capitán”.
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