Staff El Norteño
En medio de la ofensiva federal contra el huachicol fiscal, dos expedientes concentran los reflectores: el megacontrabando de 144 millones de litros de combustible por la Aduana de Matamoros; donde se menciona al agente aduanal y pastor cristiano Víctor José Carretero Zardeneta, y el llamado “Caso Ruffo”, que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a través de una red de empresas importadoras de hidrocarburos.
De acuerdo con versiones oficiales y reportes periodísticos, entre junio de 2024 y julio de 2025 una red delictiva habría ingresado de forma ilegal alrededor de 144 millones de litros de hidrocarburos por la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, que comanda la SEDENA, utilizando documentación que simulaba la importación de solución de cloruro de calcio.
La FGR considera este caso como uno de los más relevantes de huachicol fiscal en la frontera norte, al involucrar a agentes aduanales, empresarios y mandos militares que operaban cuando la aduana se encuentra bajo el mando de la bota militar y la ANAM es un cero a la izquierda.
En esa causa penal se han girado órdenes de aprehensión contra al menos 13 personas; siete han sido detenidas y vinculadas a proceso, mientras que seis más permanecen prófugas, entre ellas ex responsables del recinto aduanero y personajes ligados al sector privado.
Entre los señalados se menciona a Alexis Aarón Camacho Flores, dependiente autorizado de la agencia aduanal de Víctor José Carretero Zardeneta, lo que vincula a dicha agencia con la operación logística del megacontrabando.
Víctor José Carretero Zardeneta es identificado en Matamoros como agente aduanal, empresario y pastor de la iglesia cristiana “Impacto de Vida”.
El 20 de enero de 2026, la Marina intentó deternerlo durante un operativo federal en el Puente Internacional Viejo, en un despliegue encabezado por otras fuerzas federales, sin que hasta ahora se haya difundido un parte oficial que detalle públicamente los cargos específicos que existen contra el pastor, quienhuyó a Brownsville, Texas, Estados Unidos, donde se encuentra.
No obstante, en notas relacionadas con el megahuachicol de Matamoros se le incluye dentro del grupo de personas con orden de aprehensión por delitos de contrabando y huachicol fiscal, y se le ha descrito como prófugo de la justicia mexicana.
“Caso Ruffo” y la red nacional de huachicol fiscal
De manera paralela, la FGR integró el expediente mediáticamente conocido como “Caso Ruffo”, en el que se acusa al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel de formar parte de una red de huachicol fiscal a través de la empresa Ingemar (o Ingamar) S.A. de C.V. y otras razones sociales dedicadas a la importación de petrolíferos.
Según la fiscalía, esta estructura habría declarado en las aduanas únicamente una fracción del combustible realmente ingresado, utilizando pedimentos, claves arancelarias y documentación presuntamente manipulada para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros gravámenes.
Las autoridades describen cuatro capas principales en esta red: empresas importadoras, agentes aduanales que tramitaban los pedimentos, compañías ferroviarias encargadas del traslado y firmas de distribución encargadas de colocar el combustible en el mercado nacional.
En total, la FGR habla de al menos 25 “objetivos” entre empresarios, representantes legales y operadores logísticos, con ocho detenidos y más de una decena de prófugos, así como operaciones que habrían generado ganancias superiores a los 4 mil 500 millones de pesos.
Como parte de este expediente se registran aseguramientos relevantes, entre ellos el decomiso de unos 15 millones de litros de hidrocarburos en instalaciones de Saltillo y Ramos Arizpe, en Coahuila, que la FGR vincula con la misma red.
En julio de 2026, Ruffo fue detenido y se celebró la audiencia de imputación en su contra y de otros presuntos implicados, en un caso que ha escalado también a la arena política por los señalamientos cruzados entre gobierno y oposición.
Un mismo fenómeno, expedientes distintos
Tanto el megahuachicol de Matamoros como el “Caso Ruffo” forman parte de una misma estrategia federal contra el huachicol fiscal, entendida como el uso de estructuras legales: empresas, agentes aduanales y transportistas, para introducir combustible al país mediante documentación simulada o adulterada.
En ambos casos se repite el mismo patrón: pedimentos que registran volúmenes mucho menores a los realmente transportados, uso de claves arancelarias ajenas al tipo de producto y participación de intermediarios que aprovechan vacíos o complicidades institucionales.
En la narrativa pública, el expediente de Matamoros se ha consolidado como el “caso emblemático” de huachicol fiscal en la frontera norte, por los 144 millones de litros presuntamente contrabandeados y por la participación de mandos militares en una aduana militarizada.
Por su parte, el “Caso Ruffo” se presenta como la red más amplia descubierta hasta ahora a nivel nacional, en términos de montos económicos y alcance corporativo, al involucrar diversas empresas y rutas de importación.
La posición del pastor Víctor Carretero frente al entramado nacional
En este contexto, el nombre de Víctor José Carretero Zardeneta aparece asociado específicamente al caso de Matamoros, tanto por la mención de su agencia aduanal en relación con un dependiente detenido en enero de 2026.
Registros judiciales también dan cuenta de que Carretero promovió un juicio de amparo contra la Agencia Nacional de Aduanas de México, lo que indica que ya mantenía un conflicto abierto con la autoridad aduanera antes de su captura.
El megahuachicol de Matamoros se inserta en un mapa más amplio de investigaciones por huachicol fiscal en el que la FGR habría solicitado hasta 200 órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, militares y empresarios en todo el país.
Dos casos espejo del mismo problema
Desde una perspectiva periodística, ambos expedientes pueden presentarse como casos espejo dentro de un mismo fenómeno: redes empresariales, políticas y militares que, según la FGR, aprovecharon las aduanas para convertir el contrabando de combustibles en un negocio multimillonario a costa del erario.
El megahuachicol de Matamoros, donde se menciona al pastor y agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta, y el “Caso Ruffo”, encabezado por el exgobernador de Baja California, ilustran cómo el huachicol fiscal dejó de ser un asunto de tomas clandestinas para convertirse en un esquema sofisticado de evasión a gran escala.
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